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Bruselas inicia el proceso para multar a España por su morosidad pública. Expansión 06-08-2014

TRAS UNA DENUNCIA DE LOS PROVEEDORES/ La Comisión Europea enviará al Gobierno la comunicación oficial que inicia el procedimiento sancionador por los elevados plazos de pago del sector público.

Se trata de un paso más hacia la erradicación de esta lacra en un país tradicionalmente moroso, en el que algunas Administraciones Públicas han llegado a retrasar el pago a los proveedores más de dos años. La directiva europea contra la morosidad exige, al igual que la norma española, que el sector público abone sus adeudos comerciales en un plazo máximo de 30 días, y la media actual ronda, según los proveedores, los 100 días (en 2013 fue de 111).

Esta actuación de la Comisión Europea dimana de una denuncia que interpuso en abril la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), en la que se señala: “Es evidente que existe por parte de las administraciones españolas una falta de cumplimiento de la normativa europea y de la propia normativa española en materia de morosidad con relación a los plazos de pago”. La Plataforma aglutina a 1,5 millones de empresas proveedoras, de ahí que el Ejecutivo comunitario diera el paso adelante.

Tras esa denuncia, registrada en un buzón europeo y anónimo habilitado a tal efecto, Bruselas va siguiendo unos pasos muy definidos. En primer lugar, reclamó a España información sobre las medidas que estaba tomando para frenar el problema. En segundo, se reunió de forma informal con miembros del Ministerio de Hacienda. En tercero, en vista de que los plazos no se cumplen aún, enviará la citada carta por la cual se inicia formalmente el proceso sancionador.

En la reunión con Hacienda, los enviados de la Comisión Europea advirtieron de que la sanción se pondría en tres meses desde la admisión de la denuncia de los proveedores (a través de la PMcM).

“Proceso sancionador”

La Comisión Europea ha hecho bandera de la lucha contra la morosidad: “La política es de tolerancia cero”, asegura a este diario Daniel Calleja, director general de Empresa e Industria de la Comisión Europea –o sea, el Mr Pyme del Gobierno de los Veintiocho–. “Hay que exigir que se cumplan los plazos, pero para eso hace falta que se sigan los procedimientos legales”, añade. Y el procedimiento dicta que el avance procedimental hacia la imposición de sanciones ha de comunicarse de forma oficial.

Por eso Montoro anunció el mes pasado que todas las administraciones desnudaránsus plazos de pago en octubre y que el Ejecutivo se hará cargo de sus deudas con cargo a su participación en los ingresos del Estado. Porque así, a lo mejor, evita las sanciones, ya que demuestra predisposición a atajar el tema.

Sin embargo, Daniel Calleja es tajante: “La Comisión quiere que la situación mejore [y no llegar a multar a España], pero si hay que seguir hasta el final con el proceso sancionador, seguiremos”. Y no sólo en este país: Italia está también en la mirilla, como Portugal y Grecia.

 

Expansión 06-08-2014

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